La Ley de Alquileres en República Dominicana, actualmente en discusión en el Congreso, busca modernizar la regulación de los contratos de arrendamiento de viviendas, especialmente en temas de desalojos por falta de pago, depósitos, y reajuste de precios. El proyecto de ley contempla un procedimiento más ágil para desalojar a inquilinos morosos, así como la posibilidad de que los propietarios embarguen bienes de inquilinos que no paguen el alquiler. Además, se busca regular aspectos como el depósito inicial, la actualización de la renta y la terminación unilateral del contrato por cualquiera de las partes, estableciendo derechos y obligaciones tanto para propietarios como para inquilinos.
Aspectos Clave de la Nueva Ley de Alquileres:
- Desalojos:La nueva ley plantea un proceso más rápido y eficiente para desalojar a inquilinos que no cumplan con sus obligaciones de pago, creando una jurisdicción especializada para tratar estos casos.
- Embargos:En caso de retraso en el pago del alquiler, el propietario podría solicitar un embargo retentivo de bienes del inquilino para garantizar el cobro de la deuda.
- Depósitos:Se propone que los propietarios puedan cobrar un máximo de dos meses de depósito, los cuales se depositarán en una entidad bancaria.
- Actualización de la Renta:La ley establecería que la actualización del precio del alquiler se realice de manera anual, combinando el índice de inflación (IPC) y el índice de evolución salarial (RIPTE).
- Terminación del Contrato:Se contempla la posibilidad de terminación unilateral del contrato por cualquiera de las partes, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos.
- Prohibiciones a Propietarios:Se busca prohibir la discriminación por parte de los propietarios al elegir inquilinos, basándose en criterios como raza, religión, origen, etc.
Importancia de la Nueva Ley:
La nueva ley de alquileres busca actualizar la legislación vigente, que data de 1959, para adaptarla a las necesidades actuales del mercado inmobiliario dominicano. La regulación actual carece de mecanismos claros para abordar temas como los desalojos, los depósitos y la actualización de rentas, generando inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos. La nueva ley pretende fomentar la transparencia, la seguridad jurídica y la inversión en el mercado de alquileres, beneficiando a todas las partes involucradas.